La democracia es un bien frágil, expuesto a numerosas amenazas. Por este motivo, los distintos actores que la conforman, así como las instituciones que de ella dependen, deberían mantener un compromiso firme con su protección. Todos sabemos que existen garantías que dependen directamente de la acción más explícitamente política, pero su ejercicio activo requiere de la colaboración de todos y de todas, desde el convencimiento de que, a pesar de sus imperfecciones, la democracia es sinónimo de una convivencia próspera, pacífica y jurídicamente garantista.

Las universidades, el mundo de la cultura o el sector privado y empresarial desarrollan una actividad cuyas consecuencias impactan, para bien y para mal, en el conjunto de nuestra sociedad. Esta es la razón por la que debemos exigirnos una reflexión global sobre el alcance de nuestras acciones. Y esta premisa puede ser un buen punto de partida para urgir una reflexión ética que trascienda los objetivos más particulares e inmediatos más allá de la legítima finalidad concreta que cada institución se proponga.

El informe que aquí se presenta condensa las conclusiones de una deliberación que se ha prolongado durante meses. Hombres y mujeres de experiencia sobresaliente en distintos ámbitos han conversado sobre algunos de los desafíos más urgentes a los que nos enfrentamos. El conocimiento experto no puede desentenderse de los desafíos que nos imponen la crisis climática, la revolución digital o las nuevas amenazas que deben sortear las democracias. Las empresas, al igual que las universidades, no pueden esconderse de los retos que nos son comunes y para los que el compromiso conjunto y el conocimiento éticamente orientado desde distintas disciplinas serán imprescindibles.

En las universidades públicas este compromiso social, la deuda que el conocimiento y la investigación adquieren con el resto de la sociedad, es una premisa principal que se basa en la co-creación de valor con el entorno. Sin embargo, no es suficiente. Cualquier comunidad requiere, para funcionar correctamente, del talento compartido de quienes más pueden y mejor saben. El informe “Cinco debates desde la ética para el futuro de España” es un ejemplo de la manera en la que la sociedad civil puede movilizarse para ejercer un liderazgo ambicioso y responsable.

Nuestra sociedad requiere que existan encuentros donde personas que piensan de manera diferente puedan confrontar sus mejores ideas. Es en esa diferencia, y en la conversación pausada y orientada, alejada del ruido y la crispación, donde podremos extraer conclusiones verdaderamente útiles y comunes para todos. Este informe es un buen ejemplo de ello. La clave de su interés no está tanto en algunos diagnósticos, que sin duda son certeros y de utilidad. Lo más relevante de lo que se expone en las páginas que siguen tampoco son las conclusiones, por más que se ofrezcan algunas respuestas valiosas. Tal vez, lo más singular y meritorio en el escenario actual sea la propia constitución de un espacio de debate orientado y pautado a partir de premisas éticas que, aunque pueden disputarse y debatirse, aspiran a ser compartidas.