INTRODUCCIÓN

El territorio de nuestro país tiene una gran complejidad. La historia de las gentes que lo han poblado, un entorno geográfico muy variado conformado por una península, territorios tanto insulares como en otros continentes, una gran diversidad geológica y natural, así como una política territorial donde conviven administraciones estatales, autonómicas y locales, han generado un territorio muy diverso donde las oportunidades deberían poder distribuirse en base a una equidad territorial justa.

En este territorio se desarrollan las vidas, anhelos y proyectos de multitud de personas, empresas, asociaciones y gran diversidad de actores. A lo largo de la historia, su esfuerzo, trabajo y las relaciones que han tenido entre ellos han ido conformando sobre el territorio diversos paisajes, que en muchos casos constituyen una identidad con gran fuerza en el territorio. El Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa, desde el año 2000 anima a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad. En este convenio se reconocen todas las formas de paisajes europeos, naturales, rurales, urbanos y periurbanos, incluyendo tanto aquellos que son emblemáticos como los ordinarios.

En muchos territorios rurales el paisaje, la identidad y el sentimiento de pertenencia tienen un fuerte arraigo. Sus pobladores son conscientes de la importancia de su preservación en el tiempo, no como museos o exposiciones de lo que fue un pasado más o menos bucólico, sino como un paisaje dinámico, innovador, con fuerza y futuro, definitivamente, un paisaje vivo.

Y en ese ecosistema social, natural y económico han surgido en las últimas décadas movimientos e iniciativas que promueven y dan visibilidad a un mundo rural vivo, donde es necesario abordar multitud de retos, no solo ambientales:

• Mejorar las posibilidades para vivir en entornos vertebrados e interconectados con unos servicios cercanos para la ciudadanía.

• Promover el emprendimiento y la innovación en el territorio sin olvidar la importancia y necesidad de poner en valor y garantizar la supervivencia de los sectores tradicionales.

• Alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres.

• Fomentar la participación e inclusión intergeneracional.

• Garantizar la coordinación entre las diferentes administraciones

• Dotar de perspectiva rural a las diferentes herramientas de planificación que se tienen que implementar en el territorio, así como la legislación que debe aplicarse, en muchos casos diseñada sin tener en cuenta la casuística territorial existente en las zonas rurales.

• Promover la cultura en el rural y el nuevo relato que surge desde el rural para transmitir y dar a conocer su forma de vida.

Son multitud las herramientas, medidas y propuestas que tendrían que llevarse a cabo para abordar estos retos. El proceso de identificación, desarrollo y puesta en marcha de estas medidas es un proceso conjunto en el que la gobernanza es clave. Desde la Fundación CONAMA se trabaja desde su nacimiento en la facilitación de diversos procesos de gobernanza. En concreto, la relación entre el territorio, el reto demográfico y la transición ecológica ha sido un tema clave en los debates de CONAMA desde 2016.

En las últimas ediciones, se ha puesto énfasis en la necesidad de revalorizar el papel de las zonas rurales en este contexto, explorando soluciones que integren el desarrollo socioeconómico con la sostenibilidad ambiental. Este enfoque ha permitido abordar la problemática de la despoblación rural y los desequilibrios territoriales, situando el reto demográfico en el centro de las políticas de transición ecológica.

Algunas de las actividades desarrolladas en el marco de CONAMA en los últimos años se pueden encontrar al final de este documento.

POTENCIANDO EL VALOR DEL MEDIO RURAL EUROPEO

La Comisión Europea ha presentado la estrategia "Right to Stay" con la finalidad de establecer cómo la política de cohesión puede romper el ciclo de despoblación de Europa y afianzar el camino hacia Zonas Rurales Conectadas en la Unión europea.

En un proceso que transforma silenciosamente el continente europeo, las ciudades pequeñas y pueblos pierden a sus jóvenes, las zonas rurales se reducen y las diferencias regionales se amplían. Se ha pasado de plantearnos si las personas tienen que tener libertad de movimiento a dilucidar si parte de la ciudadanía tiene una opción real para quedarse en los territorios donde nacieron.

La estrategia «Right to Stay» («Derecho a Permanecer») de la Comisión Europea es un marco político emblemático diseñado para garantizar que todos los europeos puedan permanecer y construir su futuro en el lugar que consideran su hogar, en lugar de verse obligados a reubicarse debido al declive económico o a la falta de oportunidades y servicios esenciales.

Cuando la despoblación conduce al descontento

Las regiones que sufren en este proceso demográfico no solo pierden personas, sino que el dinamismo económico, influencia política y confianza en las instituciones va perdiendo fuerza progresivamente. El estudio del CCI muestra cómo la reducción de la población activa (entendiendo esta como aquella en edad de trabajar) genera que la capacidad económica del territorio afectado se vea reducida, entrando en un ciclo que se retroalimenta forzando a más personas a migrar. Este proceso se denomina la «trampa del desarrollo».

No solo tiene importancia por cuestiones demográficas y económicas, sino que esta situación contribuye a la insatisfacción política. Una publicación de Panorama analizó el informe del JRC sobre la naturaleza dual del descontento verde, en el que se recoge como las comunidades que se enfrentan al declive demográfico y al estancamiento económico tienen más probabilidades de expresar opiniones negativas y contrarias por las transiciones ecológica y digital. Los territorios perciben que soportan los impactos negativos de las transiciones, pero no obtienen beneficios de estos procesos. En un contexto en el que el peso político se encuentra en declive, los temores de quedarse más atrás todavía se enraízan y se produce un caldo de cultivo idóneo para que la desinformación y los extremismos se extiendan.

En esta situación la pervivencia de una política de cohesión es más necesaria que nunca, ya que permite a las comunidades adaptarse a las nuevas realidades demográficas, apoyar a las regiones que se enfrentan al envejecimiento de la población, reforzar las zonas suburbanas alrededor de las ciudades y revitalizar las ciudades y pueblos en riesgo de despoblación.

Es por ello que «Derecho a Permanecer» es más urgente que nunca: Europa se encuentra en una encrucijada demográfica. La población está alcanzando su punto máximo y comenzará a disminuir. Las tasas de fertilidad se mantienen muy por debajo de los niveles de reemplazo. Y a menos que las condiciones mejoren a nivel local, los patrones migratorios profundizarán las divisiones regionales en lugar de equilibrarlas. Por lo tanto, el «derecho de estancia» no es una oposición a la libertad de circulación. Es el pilar que falta lo que hace que la libertad tenga sentido. Sin ella, Europa corre el riesgo de convertirse en un continente en el que solo unas pocas regiones dinámicas prosperen, mientras que otras pierden a sus jóvenes, sus servicios, su influencia y, finalmente, su futuro. Con ella, la política de cohesión puede fomentar comunidades locales dinámicas, un desarrollo territorial equilibrado y una Europa en la que todos, independientemente de dónde hayan nacido, puedan elegir realmente dónde construir su vida.

Pacto Verde Europeo

El Pacto Verde Europeo busca abordar la sostenibilidad ambiental, no solo en términos climáticos, sino también protegiendo recursos naturales y reduciendo su uso. El objetivo es convertir a la UE en una economía eficiente y competitiva con emisiones netas cero para 2050, desvinculando el crecimiento económico del uso de recursos . En el ámbito agrícola y las partes interesadas del ámbito rural, se destaca un cambio hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, con la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 como herramienta clave para alinear la agricultura con objetivos ambientales específicos desarrollados en el Plan estratégico de la PAC de España (PEPAC). El PEPAC está diseñado para contribuir de manera significativa a las ambiciones del Pacto Verde Europeo, la Estrategia “De la Granja a la Mesa” y la Estrategia sobre Biodiversidad.

Pacto Rural y Plan de Acción Rural de la UE

La Comisión Europea ha delineado una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE en junio de 2021, identificando desafíos y oportunidades cuyo objetivo es lograr unas comunidades rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040. El Consejo Europeo reconoció oficialmente a las áreas rurales como áreas estratégicas para el desarrollo económico y social de la Unión Europea en noviembre de 2023. Esta designación se basa en dos razones principales: en primer lugar, las áreas rurales fomentan la prosperidad, resiliencia y el tejido social y cultural de las comunidades rurales. En segundo lugar, sirven como salvaguardas de la agricultura y garantizan la seguridad alimentaria, siendo fundamentales en la estrategia de la UE para lograr la autonomía de los sistemas alimentarios.

El Pacto Rural y el Plan de Acción Rural de la UE se destacan como elementos clave para fortalecer, hacer resilientes y prosperar las zonas rurales hasta 2040. A pesar de desafíos como el envejecimiento de la población, falta de conectividad e infraestructuras subdesarrolladas, estas áreas son fundamentales para las transiciones ecológica y digital de la UE. Cumplir con objetivos digitales de la UE para 2030 puede impulsar el desarrollo sostenible en zonas rurales más allá del sector agrario, generando oportunidades en servicios e industrias, y contribuyendo a una distribución geográfica más equitativa de servicios e industrias.

POTENCIANDO EL VALOR DEL MEDIO RURAL ESPAÑOL

Gobernanza creada por y para el territorio: Estrategias Nacionales para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico

El gobierno ha desarrollado diversos planes, estrategias y líneas de actuación enfocados a abordar los retos y problemas a los que se enfrentan las zonas en declive demográfico como son el nuevo Marco Estratégico para el Reto Demográfico, que se desarrolla mediante la nueva Estrategia Nacional, el Plan 30 Minutos y el Nuevo Observatorio. Estos instrumentos, buscan dotar de madurez y plasmar sobre el territorio la política de reto demográfico. Se plantea dar una respuesta estructural que vaya más allá de los planteamientos coyunturales marcados por los fondos europeos en los últimos años.

I Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico

La Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico fue una hoja de ruta a largo plazo, en la que participarían todas las Administraciones (estatal, autonómica y local) y la sociedad civil (entidades privadas, asociaciones organismos sin ánimo de lucro, ciudadanos y tercer sector de acción social). Su objetivo fue garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios en España. Con un enfoque integral, abordó las desigualdades y desafíos demográficos. Se buscó lograr una estrategia inclusiva y participativa. Abordó las cuestiones clave de despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Se presenta como un enfoque global y transversal, con la participación de todos los departamentos ministeriales y la colaboración de comunidades autónomas y entidades locales. Con un enfoque territorial y urbano sostenible, la estrategia pretende conectar lo urbano con lo rural y ofrecer oportunidades de desarrollo social y económico, respaldando la Agenda Urbana Española. Además, se destaca como herramienta necesaria para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres.

La Estrategia tuvo varias líneas de actuación relacionadas con la fijación de población. Algunas de ellas incluyen:

Impulso a la Economía Rural: Fomentar actividades económicas sostenibles en áreas rurales para crear empleo y atraer población.

Mejora de Infraestructuras y Servicios Básicos: Garantizar un acceso adecuado a servicios esenciales, como educación, salud y transporte, para hacer más atractivas las zonas afectadas por el declive demográfico.

Vivienda Asequible: Promover el acceso a viviendas asequibles, facilitando la residencia en áreas rurales .

Incentivos a Empresas y Emprendimiento : Establecer medidas para atraer inversiones y fomentar el emprendimiento, generando oportunidades económicas locales.

Digitalización y Conectividad: Mejorar la conectividad digital en áreas rurales para facilitar la participación en la economía digital y aumentar la calidad de vida. Se plantearon 130 Medidas ante el Reto Demográfico, y las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. La estrategia tuvo un carácter global y transversal para abordar el envejecimiento de la población, la despoblación territorial y los efectos de la población flotante.

El eje 1 de las 130 Medidas se centró en el impulso de la transición ecológica como elemento clave para la revitalización de los pequeños municipios y las zonas rurales. La transición ecológica favorece una mayor calidad de vida, generación de empleo, mejora de la resiliencia, promueve la protección ambiental, y contribuye al cumplimiento de los objetivos globales sobre cambio climático y biodiversidad. Este eje incluyó 22 medidas con los objetivos de promocionar una transición energética acorde a las comunidades locales desarrollando iniciativas innovadoras y sostenibles, el impulso de la bioeconomía, orientación de la protección ambiental y la garantía de una Transición Justa en el territorio. La estrategia abordó 3 desafíos:

• La despoblación afecta gravemente a muchos municipios españoles. Según el Informe de Situación de despoblación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: el 61,7% ha perdido población entre 2001 y 2017 y el 48 % se encuentra en riesgo de despoblación según criterios de La Unión Europea (menos de 12,5 habitantes por km²). Este proceso se da con más intensidad en los municipios menores de 5.000 habitantes (87,6% de ellos), así como en el 70% de las cabeceras (núcleos funcionales rurales) y en el 63% de las ciudades con una población entre 20.00 y 50.000 habitantes.

• El envejecimiento poblacional se puede considerar como un éxito de modelo social, aunque genera importantes retos que deben afrontarse, de manera especial en el ámbito rural .

• La población flotante y la estacionalidad demográfica producen dificultades en la prestación de servicios y en la gestión de equipamientos e infraestructuras en ciertos territorios, debido a la llegada de gran cantidad de población estacional .

La estrategia tuvo las siguientes medidas destacadas:

• Ayudas al emprendimiento y el empleo de los jóvenes en los municipios en riesgo demográfico

• Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres en el desarrollo de proyectos en el medio rural: apoyo a las asociaciones, formación, innovación, empoderamiento…

• Mejora de la conectividad territorial y la extensión de banda ancha a través del Plan 800 y el impulso del PEBA-NGA

• Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural

• Dinamización de las áreas industriales, para la reindustrialización y la extensión de la economía 4.0 en todo el territorio

• Impulso de la actividad turística a través de la Plataforma de Turismo Rural y de Interior

• Lanzamiento del primer Digital Innovation Hub para el Reto Demográfico en la Unión Europea

• Mantenimiento, atendiendo a las necesidades de la Defensa y de la eficiencia, de las infraestructuras (bases y acuartelamientos) en el medio rural

• Incorporación del impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión

• Atención a la educación, el ocio y la cultura en las áreas rurales y las islas, con una oferta diversificada y de calidad, y relacionada con el entorno, para luchar contra la desigualdad y la pobreza en la infancia.

II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico

La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico identifica prioridades en vivienda, en movilidad de proximidad y en prestación de servicios básicos, donde es fundamental esa aproximación de cooperación multinivel. El documento recoge las directrices de la política territorial en España, establece las grandes líneas de acción y medidas para cada uno de los niveles de la Administración, de acuerdo con sus competencias, a la vez que interpela a la sociedad civil para lograr que se pueda integrar con eficacia. Desde el MITECO se plantea que sea un texto “vivo”, en continua actualización, de forma que se completará con análisis sectoriales (vivienda, transporte, relevo generacional, inclusión o perspectiva de género) y territoriales. De esta forma se promoverá la elaboración de estrategias locales integradas.

La estrategia se compone de cinco pilares verticales y dos ejes de actuación transversales:

• Pilar 1: Resiliencia y adaptación a la emergencia climática en los territorios: el medio rural requiere instrumentos para reconocer los servicios ambientales que presta y dotarlo de infraestructuras, empleo y servicios que aprovechen la transición ecológica.

• Pilar 2: Equidad territorial en el acceso a infraestructuras y servicios: al reducir las brechas urbano-rurales, asegurar las condiciones equivalentes de bienestar y calidad de vida en todo el territorio y lograr un acceso funcional a los servicios esenciales.

• Pilar 3: Dinamismo socioeconómico-local: al impulsar el desarrollo endógeno, la atracción de talento, la creación de empleo de calidad y la diversificación económica adaptada a las singularidades de cada territorio.

• Pilar 4: Igualdad e inclusión en los territorios: apoyo a la cohesión social, igualdad e identidad social inclusiva, que promueve el arraigo, la igualdad de oportunidades y la integración social a través de políticas activas de acogida e inclusión dirigidas a mujeres, jóvenes, familias, personas mayores, migrantes nacionales y extranjeros, y otros colectivos vulnerables o con necesidades particulares.

• Pilar 5: Cultura, identidad y arraigo: apoyo a la cultura local, preservando sus activos y promoviendo una comunicación plural y representativa de la realidad rural contemporánea, alejada de los estereotipos y visiones paternalistas, que visibilice las oportunidades, transformaciones y aportaciones del medio rural a la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la cohesión social, cultural y simbólica del territorio, y generando orgullo de pertenencia y capital social.

• Eje transversal 6: Ciencia, investigación y herramientas de conocimiento: proporcionar datos, análisis, investigaciones y creación de conocimiento por y para el mundo rural, que sirvan a las administraciones públicas para diseñar políticas eficaces y que puedan ser puestos al servicio de la comunidad investigadora, de las asociaciones y otros actores del territorio y de la ciudadanía en general.

• Eje transversal 7: Gobernanza, perspectiva rural y planificación: reforzar la gobernanza multinivel, la participación, la escalabilidad territorial y las capacidades técnicas de las entidades locales. Actualización de los marcos normativos y refuerzo de las herramientas de análisis y conocimiento que permitan implementar el mecanismo de garantía rural y mejorar el diseño de estrategias territoriales y de las futuras políticas.

A pesar de los esfuerzos visibles y las medidas implementadas, el problema de despoblación persiste. En el contexto de las políticas contra la despoblación y el desarrollo rural, se destaca la importancia crucial de la participación y el empoderamiento de las poblaciones afectadas. El objetivo es lograr una gobernanza más horizontal, permitiendo que las comunidades sean protagonistas de las acciones y medidas que las impactan, y que esta forma de gobernanza sirva como medio para combatir la despoblación en las zonas rurales. Se menciona el enfoque LEADER de la Unión Europea y los Grupos de Acción Local como paradigmas de esta gobernanza rural destinada a impulsar el desarrollo y abordar la despoblación .

Análisis sectorial y territorio

Movilidad eficiente y sostenible

La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (2021), incluye como uno de sus principios básicos la sostenibilidad en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. Se prioriza la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia energética, y la lucha contra el cambio climático, tratando de minimizar la contribución del transporte a las emisiones contaminantes. Se fomentan los modos limpios, la economía circular, la resiliencia climática y la movilidad universal.

La Mesa de Movilidad Rural (MMR) se constituyó impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en febrero de 2022. Desde el MITMA-MITERD lideran y coordinan la creación de una Mesa para abordar la movilidad rural, aunque esta es competencia de las Comunidades Autónomas. La secretaría de esta Mesa impulsará la elaboración de documentos técnicos y líneas de trabajo con la colaboración de sus miembros, pudiendo establecer también grupos de trabajo específicos:

• Promover la renovación del parque de vehículos eléctricos y la creación de una red de infraestructuras de recarga extensa para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. A través del Plan de incentivos a la instalación de puntos de recargar, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde con un presupuesto de 445.000,00€.

• El programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, Plan MOVES II, busca contribuir a la descarbonización del sector transporte. Su objetivo es fomentar el uso de energías alternativas para cumplir con los objetivos establecidos en el PNIEC 2021-2030. El plan promueve acciones de apoyo a la movilidad basadas en criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incentivando el uso de energías alternativas y la implementación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en todo el territorio nacional.

Desarrollo de energías renovables y mejora de eficiencia

Energías renovables: Actuar como apoyo para el despliegue de las energías renovables en todo el territorio nacional mediante convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y eléctricas innovadoras. Apoyo a la integración sectorial de renovables en ámbitos estratégicos de la economía incluidos el industrial, agrícola y comercial. Despliegue de techos solares e integración de renovables en la edificación, mecanismos de apoyo a la inversión a la bioenergía. Apoyo a la inversión en proyectos de renovación tecnológica (repotenciación y rehabilitación), hibridación de tecnologías o los que combinan soluciones de almacenamiento. Impulsar agendas para la Transición Energética en las Islas, con un enfoque en el respaldo a proyectos para la penetración e integración de energías renovables en sistemas insulares. El objetivo principal es lograr una integración efectiva de las renovables en el territorio, permitiendo que estas también proporcionen potencia firme y otros servicios, al tiempo que se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y los consiguientes costos adicionales en energía.

Autoconsumo: Impulso del uso de energías renovables en aplicaciones eléctricas y térmicas a través de dos líneas de acción en régimen de concurrencia competitiva. Estas iniciativas se llevan a cabo mediante convocatorias cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y pueden recibir fondos adicionales vinculados a la recuperación económica.

Rehabilitación energética de edificios: El programa PREE 500 busca fomentar la rehabilitación energética de edificios, abarcando mejoras en la envolvente térmica y la sustitución de instalaciones. Con la meta de mejorar al menos una letra en la calificación energética, se asegura un ahorro mínimo del 30% de energía primaria. Las ayudas incluyen una base, con complementos sociales y de eficiencia energética, destacando el apoyo a comunidades energéticas locales. El programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, financiado por los fondos NextGenerationUE. Regula la concesión directa de ayudas para inversores de proyectos singulares locales de energía limpia en municipios del reto demográfico. Implementación de incentivos y medidas de discriminación positiva, o excepciones cuando sea necesario, en las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas, especialmente en áreas rurales y provincias afectadas por la despoblación. Se busca promover líneas existentes en planes de vivienda con el objetivo de contrarrestar la despoblación, siendo necesario definir criterios como umbrales de densidad y declive demográfico para su aplicación.

Agua y saneamiento de pequeñas aglomeraciones urbanas

Plan de subvenciones (Ayudas por comunidad autónoma: Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Aragón, Principado de Asturias) dirigido a mejorar la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios. El enfoque se centra en la reducción de pérdidas en las redes de distribución, así como en acciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización específicamente en municipios con una población inferior a 10,000 habitantes.

Biodiversidad: conservación y restauración

Se plantean líneas de actuación específicas de interés para abordar el reto demográfico en zonas rurales. Estas incluyen medidas de prevención de mortalidad, como la corrección de tendidos eléctricos perjudiciales para la avifauna, así como la gestión del control y erradicación de especies exóticas invasoras. También se contempla la mejora y renovación de instalaciones e infraestructuras asociadas a estas actividades. Apoyo a la implementación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Apoyo a la implementación de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas. Su objetivo principal es llevar a cabo la restauración de ecosistemas naturales, la recuperación de áreas afectadas por actividades mineras y diversas iniciativas urbanas que promueven la conectividad y la revitalización verde en entornos urbanos.

Activar la gestión forestal sostenible a través de un conjunto de inversiones de apoyo como actuaciones de forestación y planificación para la mejora de las masas forestales y de su biodiversidad, el enriquecimiento de especies y el apoyo a su evolución o la defensa de los ecosistemas a través de la lucha contra incendios.

La restauración de minas y el desmantelamiento de instalaciones, incluidas las centrales térmicas de carbón, presentan una oportunidad para generar actividad y empleo a corto plazo . Este proceso deberá ir acompañado de programas de formación. La acción se centra en centros abandonados durante mucho tiempo, donde las empresas han quebrado o liquidado, requiriendo que las administraciones públicas se encarguen de la restauración según lo establecido por la legislación.

Residuos

Ejecutar inversiones esenciales en el sector de recogida y tratamiento de residuos en línea con el Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, que garanticen una gestión adecuada y alcanzar los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales.

Fijación de empleo

El Instituto para la Transición Justa, O.A. iniciará un programa de formación en instalación y mantenimiento de energías renovables (eólica y fotovoltaica), así como en rehabilitación energética y restauración medioambiental . Esta iniciativa se llevará a cabo en colaboración con empresas y asociaciones empresariales de estos sectores, y se coordinará con el SEPE y los servicios públicos de empleo.

Impulso de la ganadería y la agricultura

Ante los desafíos futuros del sector agrario, como la transición hacia un modelo más sostenible y la adaptación al cambio climático, así como las estrategias comunitarias recientes (Farm to Fork; Biodiversidad 2030) en línea con el Pacto Verde Europeo, se requiere un ambicioso plan de inversiones a largo y medio plazo. El Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) busca respaldar la implementación de reformas necesarias mediante inversiones públicas y privadas que fomenten un cambio estructural en la producción agrícola y ganadera, generando beneficios para el medio rural, la sociedad, la economía y el medio ambiente en su conjunto.

Con el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad se llevarán a cabo inversiones para la modernización de regadíos sostenibles con el fin de fomentar el ahorro de agua y mejorar la eficiencia energética en los regadíos de España. Estas inversiones se aplicarán en áreas previamente designadas como de interés general del Estado, mediante una norma con rango de ley. Esta medida se presenta como una herramienta crucial en la lucha contra la despoblación. Impulso de inversiones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones agropecuarias a través de un programa de ayudas

Turismo sostenible

La Estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible promueve un turismo responsable que beneficie a las comunidades locales, respetando su autenticidad cultural y aportando beneficios socioeconómicos, especialmente en el turismo rural . Esto contribuye a proteger la agricultura diversa, combatir las desigualdades sociales y crear empleo, apoyando la población joven y combatiendo la despoblación en las zonas rurales. Además, se busca fomentar la sostenibilidad ambiental y el bienestar en estas áreas a través de medidas de desarrollo rural. El Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020, propone un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza en la red Natura 2000, aprovechando los recursos naturales como fuente de ingresos y empleo.

El Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000, se aprueba dentro del Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020. Este sistema se basa en la atracción de la naturaleza y promueve el turismo sostenible en espacios naturales protegidos, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y culturales, así como las particularidades locales. Se inspira en la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios protegidos, que busca apoyar las actividades económicas tradicionales y mejorar la calidad de vida en estas áreas.

Actividades económicas sostenibles desarrolladas en el territorio

Bioeconomía

La Estrategia española de Bioeconomía: Horizonte 2030 (2015), es el principal instrumento a nivel nacional para el desarrollo de la bioeconomía. Definida como la generación de valor económico mediante el uso eficiente y sostenible de recursos biológicos, la estrategia abarca sectores como la agricultura, ganadería, caza y pesca, acuicultura, forestal, bioproductos industriales y bioenergía. Involucra a diversos ministerios y fue desarrollada en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales. A nivel nacional, la bioeconomía generó en 2020 un volumen de negocio de 229.873 millones de euros, con 68.510 millones de euros de valor añadido y 1,41 millones de empleos. El Gobierno destinó 77 millones de euros en mayo de 2023 de fondos NextGenerationEU para el fomento de la bioeconomía forestal. A nivel autonómico, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y País Vasco tienen estrategias específicas de bioeconomía. Además, se impulsan proyectos innovadores en bioeconomía, financiados a nivel europeo y nacional. Iniciativas como el programa START-BEC que fomentan el emprendimiento en bioeconomía orientando startups en bioeconomía. En el marco del programa Agroalnext , se evaluó la biomasa potencial en España a nivel provincial, proporcionando una visión global del país.

La nueva PAC

En el sector agrícola, el desarrollo económico ha estado influenciado desde 1962 por la creación de la Política Agraria Común (PAC), la cual representa una asociación entre la agricultura y la sociedad, así como entre Europa y sus agricultores. La PAC es una política compartida por todos los países de la UE, centrada en el sector agrario y rural. Su base legal está en el Tratado de funcionamiento de la UE y constituye la principal política presupuestaria de la Unión. La PAC brinda un sólido respaldo a los agricultores, proporcionando estabilidad en los ingresos, seguridad y mejora la rentabilidad del sector agrario, contribuyendo al mantenimiento de la actividad agraria y del sistema agroalimentario en su conjunto. Además, la PAC establece condiciones para que el sector agrario cumpla funciones esenciales que benefician a los consumidores y a la sociedad en general:

Suministro de alimentos según las demandas del consumidor.

Conservación del medioambiente y lucha contra el cambio climático.

Fijación de población y generación de empleo en el medio rural.

Generación directa e indirecta de empleo en el sistema agroalimentario. La última reforma de la PAC (2023-2027) ha transformado la política de estar basada en descripciones de requisitos para beneficiarios finales a enfocarse en la consecución de resultados concretos. Los tres objetivos generales son: a) promover un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo; b) respaldar la protección del medio ambiente, biodiversidad y acción climática; c) fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Estos objetivos generales se desglosan en nueve específicos, abordando los tres pilares de la sostenibilidad y complementados con la modernización del sector agrario mediante conocimiento, innovación y digitalización en zonas rurales. La principal novedad es la implementación de Planes Estratégicos de la PAC en cada Estado miembro, detallando intervenciones para alcanzar los objetivos y cumplir con la ambición del Pacto Verde Europeo. Este enfoque busca una mejor adaptación de la PAC a desafíos presentes y futuros, como el cambio climático y el relevo generacional, manteniendo el respaldo a los agricultores para lograr un sector agrícola sostenible y competitivo.

Caza y pesca

Cabe mencionar la importancia de la caza en España, abarcando más del 80% del territorio nacional como coto de caza. Socialmente, involucra a más de 800,000 cazadores y tiene un impacto económico estimado de alrededor de 4,000 millones de euros anuales. Además de su relevancia antropológica y cultural, la caza es esencial para las comunidades rurales como recurso económico y forma de ocio. Aunque la caza tiene un valor ambiental positivo cuando se gestiona adecuadamente, también puede tener repercusiones negativas en el medio natural si no se lleva a cabo de manera apropiada. El sector cinegético destaca constantemente el valor de la caza como elemento de conservación del medio, aunque la conciencia pública sobre este aspecto puede no ser suficiente. La gestión cinegética adecuada es clave para garantizar una caza sostenible que contribuya a la conservación del medio natural, resultando en una práctica socialmente aceptada y en armonía con los parámetros actuales. La caza sostenible se caracteriza por el aprovechamiento continuado y responsable de las especies de caza como recurso renovable, evitando su deterioro y el del entorno. Según el Convenio de Berna, en la Carta Europea sobre la Caza y biodiversidad , la sostenibilidad de la caza se entiende como el uso de especies de caza silvestre y sus hábitats de manera que no amenace la diversidad biológica a largo plazo ni obstaculice su restauración. Este enfoque va más allá de cazar el excedente anual, asegurando poblaciones saludables, silvestres y genéticamente puras, sin intervenciones artificiales, y adaptadas a la capacidad de carga del medio. La caza sostenible persigue mejorar poblaciones y hábitats para un aprovechamiento presente y futuro, siendo la única forma que garantiza tanto el recurso cinegético como la conservación del entorno natural . En marzo de 2023, entró en vigor la Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, la cual tiene como eje principal el principio de sostenibilidad en sus dimensiones ambiental, social y económica. Esta ley, alineada con el Pacto Verde Europeo, busca fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, fomentar la generación de empleo y riqueza en las zonas costeras, y consolidar el vínculo entre la ciencia y la política pesquera. Con esta normativa, el Gobierno materializa un compromiso programático y actualiza la legislación para adaptarla a los cambios en la normativa comunitaria e internacional de los últimos 20 años.

Gestión forestal

Se han aprobado tres instrumentos estratégicos clave, la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050, el Plan Forestal Español 2022-2032 y las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible, en el marco de la reforma de la política forestal española. Estos instrumentos buscan asegurar la gestión efectiva de los bosques, promoviendo su conservación activa, aumentando la resistencia al cambio climático y protegiéndolos de amenazas como el abandono forestal, incendios, enfermedades y plagas. El objetivo final es que los bosques proporcionen los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar y la transición ecológica de la economía. La aprobación de estos instrumentos va en línea también cumple con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 establece la política forestal española con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de los montes y sus producciones forestales. Se enfoca en impulsar mecanismos que atraigan la inversión privada en la gestión forestal, incluyendo fórmulas como el pago por servicios ambientales y la custodia del territorio. Esta última se destaca como una herramienta de colaboración público-privada para la conservación de la biodiversidad y el rendimiento productivo, promoviendo la participación activa de propietarios y usuarios. El Plan Forestal Español 2022-2032, como instrumento de planificación a largo plazo, implementa la Estrategia Forestal Española y fomenta la custodia del territorio, vinculándola a actividades generadoras de externalidades positivas relacionadas con la gestión forestal sostenible. Además, propone el apoyo a la difusión de esta figura y la creación de un marco normativo que incentive acuerdos de custodia del territorio en línea con la gestión forestal sostenible. Las Directrices Básicas de Gestión Forestal Sostenible ofrecen orientación para la determinación de instrumentos de gestión forestal según la tipología de montes en España, así como la evaluación y seguimiento de la gestión aplicada. Establecen el contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes para garantizar su gestión sostenible, destacando la custodia del territorio y el contrato territorial como instrumentos que pueden incentivar prácticas forestales sostenibles.

Transición justa en el territorio

La transición justa se ha vuelto un tema fundamental en el marco de la lucha contra el cambio climático. En España, el cierre de centrales térmicas plantea desafíos significativos tanto para la sostenibilidad ambiental como para el bienestar de los trabajadores afectados. El cese de estas instalaciones se presenta como una medida esencial para cumplir con los compromisos ambientales y avanzar hacia un modelo energético más sostenible. No obstante, resulta necesario abordar los impactos sociales que esto puede ocasionar en los trabajadores y las comunidades afectadas, por ello, diversas iniciativas han sido implementadas por las compañías energéticas con el objetivo de garantizar la salida adecuada a los trabajadores de centrales térmicas en cierre e identificar y promover inversiones y proyectos que generen nuevas actividades económicas en las zonas afectadas. El Instituto para la Transición Justa (ITJ) está implementando Convenios de Transición Justa en las comarcas afectadas para coordinar acciones que gestionen los impactos en el empleo y la población. De las quince centrales térmicas de carbón involucradas, diez están en proceso de desmantelamiento, y las restantes se mantendrán activas hasta su cierre seguro. Se estima que 2.740 trabajadores, entre directos y de empresas auxiliares, se verán afectados según lo acordado. Además, el ITJ ha establecido una bolsa de empleo específica para apoyar a los trabajadores afectados por el cierre de las centrales térmicas. En 2022 se analizaron los datos de la bolsa de empleo, con un 55% de los 2.740 trabajadores afectados inscritos hasta la fecha. Del total de inscritos, más del 80% de los trabajadores de centrales en desmantelamiento están actualmente empleados. Además, las empresas han proporcionado cursos de formación centrados en desmantelamiento y en energías renovables, beneficiando al 48% de los trabajadores de centrales en desmantelamiento. Estas actividades de formación se han extendido a colectivos de desempleados más amplios en las zonas afectadas, alcanzando a 829 personas con un total de 13.760 horas de formación impartidas . En el camino de la transición energética sostenible y justa, otro aspecto importante son las materias primas críticas. Por ello, en noviembre de 2023 la Unión Europea (UE) logró un acuerdo provisional sobre un Reglamento de Materias Primas Fundamentales, en respuesta a la anticipada expansión exponencial de la demanda de tierras raras en los próximos años. Estas materias primas fundamentales son de gran importancia económica para la UE, y su suministro presenta un alto riesgo de interrupciones debido a la concentración de las fuentes y a la falta de sustitutos adecuados y asequibles. Europa presenta un gran reto, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Europa se produce una cuarta parte del volumen total de vehículos eléctricos del mundo, pero sólo representa un 1% de la extracción de litio a nivel mundial. La posibilidad de obtener litio en suelo europeo, especialmente en países como España con yacimientos prometedores, experiencia minera y un sólido entorno de investigación, se presenta como una opción realista. Sin embargo, este enfoque también implica abordar desafíos ambientales asociados a la extracción de litio. En primer lugar, la gestión responsable del agua, dado que la extracción de litio puede afectar los recursos hídricos locales. En segundo lugar, la adecuada gestión de residuos y químicos mediante estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación. La tercera consideración aborda el uso de energía y emisiones de carbono, enfocándose en buscar fuentes renovables para reducir la huella de carbono. Por último, la participación y consulta a comunidades locales son esenciales para evaluar el impacto en empleo y entorno. En resumen, el potencial del litio en España debe equilibrarse con la protección ambiental, implementando prácticas sostenibles y tecnologías limpias .

Valor en sí mismo

Para revertir la tendencia de despoblación en las áreas rurales, es esencial crear una narrativa optimista que destaque las razones para encontrar atractiva la vida en los pueblos. Sin un futuro prometedor en las zonas rurales, es poco probable que la población desee establecerse en ellas. Abandonar planteamientos negativos, huir del victimismo y dejar atrás la idea de “España vaciada” para imponer otra más positiva que entienda el medio rural como espacio de oportunidades. En las zonas rurales, la vida transcurre de manera menos agitada, marcada por la solidaridad, eventos comunitarios y una convivencia más estrecha. El ritmo es más pausado, lo que permite disfrutar más plenamente de la vida. Se observa un fenómeno interesante: un flujo migratorio de las ciudades a los pueblos durante los fines de semana y los días festivos. Este movimiento sugiere la atractiva calidad de vida en el entorno rural y, al mismo tiempo, refleja el cansancio asociado a la vida urbana. Sin embargo, persiste el modelo centralizado de "desarrollo" establecido durante la dictadura franquista, que relegó a las zonas rurales a un papel subordinado al servicio de las áreas urbanas, asociado a una supuesta visión de modernización. Esto genera la percepción de dependencia y la obligación de rendir cuentas a lo urbano. Además, la urgencia en la implementación rápida de energías renovables está dando lugar a conflictos territoriales, sensación de esquilmación de los recursos del medio rural y desafíos en la conservación de la biodiversidad, aspectos que deben abordarse para garantizar la aceptación adecuada de este tipo de proyectos.